EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CONTRA LA CACERÍA DE FACTURAS FALSAS

El ejercicio fiscal 2014 quedará marcado como aquel en que el Servicio de Administración Tributaria dio inicio a una guerra frontal y directa en contra de la “industria” de la facturación apócrifa, al ampro del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. No obstante, con esta medida se vulnera el principio de buena fe, en perjuicio de los contribuyentes.
Según la exposición de motivos de la iniciativa de reformas a dicho cuerpo normativo, “en los contribuyentes que realizan fraudes tributarios a través del tráfico de comprobantes fiscales, esto es, a quienes los adquieren, venden o colocan y quienes de alguna manera se benefician de este tipo de actividad ilegal que tanto perjudica al fisco federal”.
No obstante, aunque comprendemos el fondo, no justificamos la forma, por cuanto que el precepto en cuestión resulta violatorio de lo tutelado por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “Son obligaciones de los mexicanos, fracción IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del estado y municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”.
Dispositivo que, como es bien sabido por ser de explorado estudio, además de tutelar los principios de proporcionalidad, equidad y legalidad en torno de las contribuciones, estatuye también el principio de autodeterminación de los contribuyentes, imprimiéndose así, desde el mandato constitucional, la obligación de los contribuyentes de calcular, declarar y pagar las contribuciones a su cargo, en la forma en que esté dispuesto por las leyes.
El principio de autodeterminación es recogido a su vez en el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, que a la letra, en la parte que interesa, norma lo siguiente: “Corresponde a los contribuyentes la determinación de las contribuciones a su cargo, salvo disposición expresa en contrario…”
Esto último al amparo del principio de buena fe, reconocido por el propio Constituyente de 1917 en la aludida fracción IV del 31 constitucional, que, como ya se vio, deposita su confianza a favor de los contribuyentes en todo lo atinente al cálculo, declaración y pago de las contribuciones a su cargo. Lo que si bien es cierto podrá ser verificado por la autoridad hacendaria, también lo es que ello es por excepción, siempre y cuando sean respetados los derechos fundamentales y humanos del contribuyente revisado.
Pues bien, dicho principio de buena fe se encuentra reconocido en sede legal, de forma expresa y puntual, en el artículo 21 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, que textualmente norma lo que sigue: “En todo caso la actuación de los contribuyentes se presume realizada de buena fe, correspondiendo a la autoridad fiscal acreditar que concurren las circunstancias agravantes que señala el Código Fiscal de la Federación en la comisión de infracciones tributarias”.
Ahora es el caso que el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (vigente a partir del 1 de enero de 2014) violenta el aludido principio de buena fe en perjuicio de los contribuyentes y en completa antinomia con el 21 recién transcrito y, por supuesto, en abierta contravención al 31, fracción IV, constitucional.
Lo anterior, dado que, éste imprime una presunción de inexistencia de operaciones y como consecuencia una cesación de efectos fiscales, que trasciende al contribuyente adquirente de los bienes y/o servicios amparados por un comprobante de un proveedor que no pudo y/o no quiso probar que contaba con activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o, en su defecto, porque éste no haya podido ser localizado.
Para mayor comprensión, enseguida se transcribe el artículo en comentario: “69-B. Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes”.
En este supuesto, procederá a notificar a los contribuyentes que se encuentren en dicha situación a través de su buzón tributario, de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, así como mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, con el objeto de que aquellos contribuyentes puedan manifestar ante la autoridad fiscal lo que a su derecho convenga y aportar la documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos. Para ello, los contribuyentes interesados contarán con un plazo de 15 días contados a partir de la última de las notificaciones que se hayan efectuado.
Transcurrido el plazo, la autoridad, en un periodo que no excederá de cinco días, valorará las pruebas y defensas que se hayan hecho valer; notificara su resolución a los contribuyentes respectivos a través del buzón tributario y publicará un listado en el Diario Oficial de la Federación y en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, únicamente de los contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos que se les imputan y, por tanto, se encuentran definitivamente en la situación a que se refiere el primer párrafo de este artículo. En ningún caso se publicará este listado antes de los 30 días posteriores a la notificación de la resolución.
Los efectos de la publicación de este listado serán considerar, con efectos generales, que las operaciones contenidas en los comprobantes fiscales expedidos por el contribuyente en cuestión no producen ni produjeron efecto fiscal alguno.
Las personas físicas o morales que hayan dado cualquier efecto fiscal a los comprobantes fiscales expedidos por un contribuyente incluido en el listado a que se refiere el párrafo tercero de este artículo, contarán con 30 días siguientes al de la citada publicación para acreditar ante la propia autoridad que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios que amparan los citados comprobantes fiscales, o bien procederán en el mismo plazo a corregir su situación fiscal, mediante la declaración o declaraciones complementarias que correspondan, mismas que deberán presentar en términos de este código.
En caso de que la autoridad fiscal, en uso de sus facultades de comprobación, detecte que una persona física o moral no acreditó la efectiva prestación del servicio o adquisición de los bienes, o no corrigió su situación fiscal, en los términos que prevé el párrafo anterior, determinará el o los créditos fiscales que correspondan. Asimismo, las operaciones amparadas en los comprobantes fiscales antes señalados se considerarán como actos o contratos para efecto de los delitos previstos en este código.
Es así que el precepto contempla hipótesis bajo las cuales los hechos y las omisiones de un tercero —proveedor— que no acredite capacidad o esté ilocalizable, trasciendan en perjuicio de la esfera particular de bienes y derechos del contribuyente adquirente del bien o servicio enajenado o prestado por aquél, no obstante que el afectado hubiese dado cumplimiento a los requisitos que marque la ley para poder dar efectos fiscales al comprobante en cuestión, tales como pago superior a $2,000 pesos con cheque para abono en cuenta del beneficiario, retención y entero de contribuciones, gasto deducible por serle estrictamente indispensable, asiento contable, entre otros.
Luego entonces, el precepto en trato, aunque dirigido a los defraudadores del fisco federal, resulta abiertamente violatorio de los derechos fundamentales de los pagadores de impuestos, ya que al amparo del principio de buena fe, los hechos u omisiones de un tercero —sin posibilidad de añadir más énfasis en este aserto— no pueden entrañar afectación en la esfera particular de un contribuyente que cumple diligentemente con sus cargas impositivas, formales y sustanciales.
Sin que obste a lo anterior que el propio artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en su penúltimo párrafo, prevea a favor del contribuyente afecto una etapa para su defensa en sede administrativa, ya que, como se observa del precepto, la consecuencia inmediata de la publicación del listado será considerar con efectos generales que las operaciones contenidas en los comprobantes fiscales expedidos por el proveedor no producen ni produjeron efecto fiscal alguno; imponiéndose así al afectado, de arranque e indebidamente, una carga probatoria por hechos u omisiones que no le son propios.
Esta carga probatoria además se revela imposible y fuera del alcance del contribuyente, ya que necesariamente estará vinculada con la capacidad o la localización de su proveedor, en función directa de los hechos u omisiones que motiven el desahogo del procedimiento en cuestión, generándose efectos y consecuencias perniciosas por incumplimiento de terceros, por encima del derecho de los contribuyentes a que su actuación se presume de buena fe, y la correspondiente obligación de la autoridad fiscal de acreditar lo contrario; lo que por axioma violenta los principios contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 21 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.
No se puede dejar de destacar que un contribuyente no puede ni debe tener la obligación de estar verificando a partir de que se le enajene un bien o se le preste un servicio, y se le emite el comprobante fiscal respectivo, si su proveedor efectivamente mantiene capacidad ni el que permanezca localizable para la autoridad.
Resulta pues del todo reprochable que el legislador federal imponga al contribuyente mexicano la obligación de estar verificando si quien le expidió comprobantes cuenta con capacidad probada y está localizable por la autoridad, y, más grave aún, seguir al pendiente de tal capacidad y localización por ejercicios y periodos posteriores a los que se le expide el comprobante, por si en algún momento le ejercen facultades de comprobación poder estar en aptitud de acreditar lo relativo, ya que cierne sobre sí la latente amenaza del último párrafo del artículo en trato: “Las operaciones amparadas en los comprobantes fiscales antes señalados se considerarán como actos o contratos para efecto de los delitos previstos en este código”.
Todo esto nos lleva a poner en tela de juicio el fin subyacente de la norma, que no es otro que la intimidación del contribuyente mexicano, de por sí objeto de “bullying” de parte de la autoridad hacendaria, mediante una presión sistémica y a través de la implementación de muy variadas y distintas técnicas de recaudación, que van desde invitaciones individualizadas, pasando por publicidad en medios y redes sociales, hasta el desahogo de procedimientos de fiscalización para la determinación de créditos fiscales —contribuciones, actualizaciones, recargos y multas—, y finalmente el cobro coactivo de los mismos.
Es pues legal el precepto en cuestión, dado que pasó por el proceso legislativo —sin poder explicarme todavía cómo—; no obstante, desde el punto de vista del que subscribe, dista mucho de ser constitucional, al violentar de forma particular el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y no sólo éste, sino también el 1 en sus párrafos uno, dos y tres, y 14 de la propia Constitución, así como el 8, arábigo 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al contravenir derechos fundamentales y humanos de seguridad jurídica atinentes al debido proceso; pero que, sin embargo, por cuestiones de espacio, serán objeto de estudio de una próxima entrega.
 

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