LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, FRENAN CON AMPAROS DEPURACIÓN POLICÍACA.

Un criterio de la Suprema Corte de Justicia está convirtiendo en letra muerta la depuración de las policías federales.
La Segunda Sala de la Corte aprobó jurisprudencia según la cual los policías, ministerios públicos y peritos pueden ampararse para impugnar el inicio del procedimiento para separarlos de su cargo, que usualmente se inicia por fallar las evaluaciones de control de confianza.
Por tres votos contra dos, la Sala estableció que los policías se pueden amparar al inicio del procedimiento, y obtener una suspensión para que no se dicte la resolución final, ya que el artículo 123 de la Constitución prohíbe cualquier forma de reinstalación en el puesto si se comprueba que el despido fue injustificado.
“Es evidente que, de concluir el procedimiento de separación de un policía en una resolución en que se determine su separación, generará, sin duda alguna, un daño irreparable al agraviado, consistente en la imposibilidad absoluta de ser reincorporado como elemento de los cuerpos de seguridad pública, aun cuando la autoridad jurisdiccional posteriormente resolviera que la separación fue injustificada”, afirmó la mayoría de ministros.
Los amparos no se han hecho esperar, y se han vuelto una carga de trabajo importante para los 16 juzgados de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal, que son los que revisan litigios contra autoridades como el Consejo de Desarrollo Policial Policía Federal.
Sólo en la tercera semana de junio fueron promovidos 114 amparos de policías, la gran mayoría de la PF, y también algunos de elementos policiacos y ministeriales de la PGR, que son sometidos a procedimientos similares.
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Aunado al anterior criterio el el 04 DE JULIO DE 2014 en el Semanario Judicial de la Federación, se publicó el siguiente criterio relacionado al mismo tema
CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DE LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA. PARA QUE LOS CERTIFICADOS QUE EMITA SEAN VÁLIDOS Y PUEDAN DAR INICIO, EN SU CASO, AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE BAJA POR INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PERMANENCIA, ES NECESARIO QUE AQUÉL CUENTE CON LA ACREDITACIÓN VIGENTE DEL CENTRO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN.
En el ámbito del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el proceso de certificación mediante el cual los integrantes de las instituciones de seguridad pública se someten a las evaluaciones de permanencia, inicia a partir de que surte efectos la notificación para que acudan al Centro Estatal de Evaluación y finaliza una vez obtenido el resultado. Además, aprobado el proceso, los evaluados obtendrán la certificación de control de confianza, en términos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el objeto de acreditar que son aptos para ingresar o permanecer en la institución correspondiente y que cuentan con el perfil, las habilidades y aptitudes necesarias para el desempeño de su cargo. Por su parte, el artículo 107 de la citada ley dispone que los Centros de Evaluación y Control de Confianza de las Instituciones de Seguridad Pública deben contar con una acreditación vigente en cuanto a sus procesos y su personal, expedida por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación; y que de no contar con ella, los certificados que emitan no tendrán validez; de ahí que la acreditación que expide el mencionado centro nacional a sus homólogos centros estatales no sólo tenga como finalidad validar los resultados cuando corresponden a “aprobado” o “aprobado con restricciones”, sino que también es necesaria para autorizar el resultado cuando corresponde a “no aprobado”. Es así, porque esa evaluación es un requisito necesario para iniciar el procedimiento administrativo de baja por incumplimiento de requisitos de permanencia; consecuentemente, si el inicio de éste se encuentra sustentado en un oficio que contiene el resultado de una evaluación aplicada por el referido centro estatal antes de la vigencia de la acreditación expedida por su homólogo nacional, esa valoración es ilegal y, por tanto, toda la secuela del citado procedimiento administrativo, ya que no es posible que subsista con base en un acto viciado.
IUS número de registro 2,006,903
NOTA: ESTE CRITERIO APLICA A TODOS LOS ELEMENTOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA FEDERAL LOCAL Y MUNICIPAL10516622_1474321629477568_2600274417600065840_n

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