NUEVO CONCEPTO DE “VÍCTIMA” EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO

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Conforme al artículo 4, primer párrafo, de la Ley General de Víctimas, se denominan “víctimas directas” aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional o, en general, cualquier puesta en peligro o lesión a su bien jurídico o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o de violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución Mexicana y en los tratados internacionales que es parte México.

De la interpretación de dicho precepto se colige que existen dos connotaciones del carácter señalado:
A. Una que surge de un acto delictivo; y
B. Otra que se produce con la violación a uno o más derechos humanos.
Por tanto, toda persona a la que se le concede el amparo y protección de la Justicia Federal adquiere la calidad de víctima directa, para efectos de la ley mencionada, al haberse demostrado la violación a sus derechos humanos.
Ante esta verdad jurídica, en los juicios de amparo con la nueva Ley de Amparo, que regula excepcionalmente la ejecución de sentencias de amparo (cuestión que era omisa la anterior Ley de Amparo) el quejoso para resarcir pleno goce del derecho violado, puede pedir reparación de daños y perjuicios por la afectación que reciba del Estado por la emisión de acto reclamado, o en su defecto, por las pretensiones jurídicas del tercero interesado que dio a lugar el acto reclamado
La restitución del quejoso en el pleno goce del derecho violado debe entenderse conforme a la Ley General de Víctimas:
A. El restablecimiento de las cosas en el estado en que se encontraban antes de cometerse el delito o la violación a alguno o algunos de los derechos humanos;
B. La restitución de todos los bienes o valores de su propiedad que hayan sido incautados o recuperados por las autoridades incluyendo sus frutos y accesorios, si no fuese posible, el pago de su valor actualizado. Si se trata de bienes fungibles, el juez podrá condenar a la entrega de un objeto igual al que fuese materia de delito sin necesidad de recurrir a prueba pericial;
C. La reparación del daño moral sufrido por la víctima o las personas con derecho a la reparación integral. Se entiende por daño moral, aquellos efectos nocivos de los hechos del caso que no tienen carácter económico o patrimonial y no pueden ser tasados, por ende, en términos monetarios. El daño moral comprende tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas directas y a sus allegados, como el menoscabo de valores muy significativos para las personas y toda perturbación que no sea susceptible de medición pecuniaria. En los casos en los que el delito constituye una violación grave a los derechos humanos, se presumirá el daño moral de la víctima;
D. El resarcimiento de los perjuicios ocasionados;
E. El pago de salarios o percepciones correspondientes, cuando por lesiones se cause incapacidad para trabajar en oficio, arte o profesión;
F. En casos de delitos o violaciones graves a derechos humanos al pago de los gastos y costas judiciales del asesor jurídico cuando éste sea privado;
G. El pago de los tratamientos médicos que, como consecuencia del delito o de la violación a los derechos humanos, sean necesarios para la recuperación de la salud psíquica y física de la víctima, así como los gastos de transporte, alojamiento o alimentación que le ocasione trasladarse al lugar del juicio si la víctima reside en municipio o delegación distinto al del enjuiciamiento.
La compensación se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia del delito o de la violación de derechos humanos, incluyendo el error judicial. Estos perjuicios, sufrimientos y pérdidas incluirán, entre otros y como mínimo:
A. El daño físico o mental;
B. La pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales;
C. Los daños materiales, incluidos los daños permanentes y la pérdida de ingresos; así como el lucro cesante;
D. Los perjuicios morales y los daños causados a la dignidad de la víctima, y
E. Los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos y servicios psicológicos y sociales.
Llevar acabo que se cumpla con el pleno goce del derecho violado y se pueda exigir en las ejecuciones de las sentencias de amparo, la reparación de daños y perjuicios, nos corresponde a los abogados postulantes en la práctica de litigio; las bases ya están dadas con las reformas a los artículos 1, 103 y 107 del 6 y 10 de junio de 2011 y con la nueva Ley de Amparo del 3 de abril de 2013

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