PRINCIPIOS RECTORES DEL JUICIO DE AMPARO VIGENTE

PRINCIPIOS RECTORES DEL JUICIO DE AMPARO VIGENTE
El 6 junio de 2011 se decretó reformas a los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; y el 10 de junio de 2011 se estableció reforma al artículo 1 de la Carta Magna,
En base a lo anterior, para los efectos de una petición de amparo, se debe analizar el efecto del contenido de los señalados artículos constitucionales, puesto que ahora establece la obligación de todas las autoridades, específicamente los Tribunales de la Federación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal y los Tratados Internacionales, de conformidad a los principios ahí señalados, agregando la obligación del Estado de prevenir y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
Si es verdad que es criterio se la Suprema Corte de Justicia de la Nación que en todos los juicios de los Tribunales de la Federación, que ven cuestiones de legalidad, como el juicio de amparo directo, así como en los recursos que emanen de ellos, no está previsto en el Sistema Constitucional como una de las formas de control de la Constitución, sino exclusivamente como un medio técnico de optimizar la función realizada por el juzgador en el juicio o recurso respectivo, por lo que mediante esos juicio de legalidad, amparos directos o recursos no tiene el objetivo primordial de impugnar la constitucionalidad de los preceptos invocados.
También lo es que con motivo de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, específicamente al artículo 1 y atento a los PRINCIPIOS DE PROGRESIVIDAD y PRO PERSONA en él previstos, TODAS LAS AUTORIDADES DEL PAÍS, dentro del ámbito de sus competencias están obligadas a efectuar el CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD, o bien de CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO a efecto de velar por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado mexicano y a adoptar la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate.
En ese orden, el Estado Mexicano por conducto de todos sus tribunales locales o federales, tiene la facultad y la obligación de reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley; ya que la propia Constitución prevé el cumplimiento sustituto a que se refiere el artículo 107, fracción XVI penúltimo párrafo, la sentencia que declare que se ha violado derechos humanos, la conclusión debe ser que la consumación de los efectos del acto reclamado no debe ser ya una causa de improcedencia del juicio de amparo.
La restitución del quejoso en el pleno goce del derecho violado debe entenderse conforme a la Ley General de Víctimas, cuyos artículos 13 y 70 prevén que:
Artículo 13. Adicionalmente a lo señalado en las leyes aplicables, la reparación integral comprende:
a) El restablecimiento de las cosas en el estado en que se encontraban antes de cometerse el delito o la violación a alguno o algunos de los derechos humanos;
b) La restitución de todos los bienes o valores de su propiedad que hayan sido incautados o recuperados por las autoridades incluyendo sus frutos y accesorios, si no fuese posible, el pago de su valor actualizado. Si se trata de bienes fungibles, el juez podrá condenar a la entrega de un objeto igual al que fuese materia de delito sin necesidad de recurrir a prueba pericial;
c) La reparación del daño moral sufrido por la víctima o las personas con derecho a la reparación integral. Se entiende por daño moral, aquellos efectos nocivos de los hechos del caso que no tienen carácter económico o patrimonial y no pueden ser tasados, por ende, en términos monetarios. El daño moral comprende tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas directas y a sus allegados, como el menoscabo de valores muy significativos para las personas y toda perturbación que no sea susceptible de medición pecuniaria. En los casos en los que el delito constituye una violación grave a los derechos humanos, se presumirá el daño moral de la víctima;
d) El resarcimiento de los perjuicios ocasionados;
e) El pago de salarios o percepciones correspondientes, cuando por lesiones se cause incapacidad para trabajar en oficio, arte o profesión;
f) En casos de delitos o violaciones graves a derechos humanos al pago de los gastos y costas judiciales del asesor jurídico cuando éste sea privado;
g) El pago de los tratamientos médicos que, como consecuencia del delito o de la violación a los derechos humanos, sean necesarios para la recuperación de la salud psíquica y física de la víctima, así como los gastos de transporte, alojamiento o alimentación que le ocasione trasladarse al lugar del juicio si la víctima reside en municipio o delegación distinto al del enjuiciamiento.
Artículo 70. La compensación se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia del delito o de la violación de derechos humanos, incluyendo el error judicial. Estos perjuicios, sufrimientos y pérdidas incluirán, entre otros y como mínimo:
a) El daño físico o mental;
b) La pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales;
c) Los daños materiales, incluidos los daños permanentes y la pérdida de ingresos; así como el lucro cesante;
d) Los p erjuicios morales y los daños causados a la dignidad de la víctima, y
e) Los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos y servicios psicológicos y sociales.
Por otro lado, dentro de la reforma a los preceptos constitucionales en cita, se desprende que el acto de autoridad es un acto jurídico, y por lo cual constituye una manifestación de la voluntad que produce consecuencias jurídicas, esto es, que crea, modifica o extingue derechos y obligaciones.
Dicha manifestación de la voluntad puede actualizarse en forma expresa, por escrito. Los actos de los órganos del Estado, para efectos del juicio de amparo al clasificarse como actos de autoridad son de molestia o de privación.
La constitución distingue en los artículos 14 y 16, entre actos de privación y actos de molestia, en ambo casos se trata de actos de autoridad, se insiste, que crean, modifican o extinguen derechos y obligaciones de un particular.
La diferencia entre ambos es la finalidad de afectación; los actos de privación constituyen una decisión definitiva de un órgano del Estado; es decir, la afectación se produce como fin de la actividad del órgano estatal; en cambio, los actos de molestia constituyen medios para preparar o permitir una posterior decisión final del Estado; esto es, la afectación al particular no constituye un fin en sí misma sino sólo el medio que permita al Estado emitir, posteriormente una decisión final.
Como consecuencia de dicha distinción, los requisitos exigidos por la Constitución para la realización de uno u otro tipo de actos cambian:
• Los actos de molestia requieren sólo ser emitidos por escrito, fundados y motivados, y pueden ser realizados por cualquier autoridad;
• Los actos de privación están reservados, conforme al modelo constitucional, a los tribunales previamente establecidos y su emisión se condiciona a la realización de un juicio en el que se sigan las formalidades esenciales del procedimiento y se apliquen las leyes expedidas con anterioridad a los hechos; es lo que se conoce como debido proceso o audiencia previa.
Nuestra Carta Magna ha otorgado siempre el derecho a la legalidad, antes considerada como “una garantía de legalidad” (tradicionalmente referida a actos de molestia o actos de privación), pero ahora debe considerarse a la seguridad jurídica y la legalidad como derechos humanos en sí mismo; que al ser reconocido por la constitución se considera como derechos fundamentales; al igual que los derechos humanos a la audiencia, defensa, debido proceso, petición, irretroactividad, etcétera; sin que puedan ser suspendido ni restringidos en ningún momento, de acorde a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, tal y como lo establece el artículo 29 de la Constitución Federal.
En base a lo anterior se pudiera decir que tradicionalmente se había considerado que el juicio de amparo era un medio de control constitucional; pero con las reformas deja esa postura y pasa a ser una garantía de defensa de los derechos humanos.
Mediante el juicio de amparo, se había efectuado el control sobre el cumplimiento de las denominadas “garantías individuales”, especialmente a través de las de seguridad jurídica previstas en los artículos 14 y 16 Constitucionales y, a través de ellas, se había verificado la constitucionalidad de prácticamente todos los actos de autoridad y asegurar al respecto de las autoridades casi, una verdadera garantía de regularidad constitucional del sistema jurídico nacional.
Sin embargo, las reformas constitucionales del 6 y 10 de junio de 2011, han cambiado esta función y han desaparecido dichas “garantías individuales” las cuales habían sido identificadas como “derechos que otorga el Estado de favor de los gobernados”, al desaparecer la conceptualización de esas garantías individuales, de deja de denominar al juicio de amparo como “juicio de garantías”; y a su vez, el juicio de amparo ha pasado, de ser un instrumento que garantizaba el cumplimiento de todas las disposiciones constitucionales, a ser “una garantía” respecto de los derechos humanos reconocidos por la constitución.
Si se toma en cuenta que, del artículo 1 Constitucional al disponer que “… todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las “garantías” para su protección…”, entonces, la Ley Fundamental “reconoce” los derechos humanos, porque dichos derechos no son otorgados por la Constitución, sino que sólo los reconoce, por tanto, debemos coronar que, la finalidad del amparo ha dejado de ser el control de la constitucionalidad, puesto que su función ya no tiene como base asegurar el cumplimiento del texto constitucional en sí mismo considerado, sino el respeto a los derechos humanos, concepto que la propia constitución coloca por encima de sí misma al establecer que los reconoce, con lo que, por un lado se abandona la postura positivista de la Constitución y se abandona la expresión “garantías que otorga la Constitución”, para pasar una postura Iusnaturalista, mediante lo cual, nuestra Carta Magna reconoce que los derechos humanos son anteriores al Estado y obliga a que los órganos del Estado, tomar una postura primaria de protección de esos derechos humanos.
El derecho humano a la seguridad jurídica y la legalidad residen en que los seres humanos pueden exigir que, el sistema jurídico se aplique correctamente con su totalidad. Los derechos humanos derivan de la naturaleza humana y, por tanto, su respeto es exigible al Estado y los Tribunales Federales, en términos de los artículos 1, 103 y 107 de la Constitución Federal; en tanto que son sujetos del sistema jurídico, y por tanto, todos los órganos deben cumplir con las normas que lo constituyen.
Por otro lado, se debe tomar en cuenta que el artículo 1 Constitucional, al establecer que “… todas las personas gozarán… de las “garantías” para su protección…”, se debe omitir relacionarlas con el concepto de “garantías individuales”, sino referirse a las instituciones que tiene el Estado Mexicano para la protección de los derechos humanos como lo son:
• La misma Constitución;
• El juicio de Amparo;
• Las Acciones de Inconstitucionalidad;
• El sistema de medios de impugnación en materia electoral;
• Las Actividades de la Comisión de Derechos Humanos;
• El Juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y
• La Obligación de Autoridades de Promover, Respetar y Reparar las violaciones a los derechos humanos, etcétera
Siendo precisamente a este último instrumento o “garantía”, la obligación del Poder Judicial de la Federación de promover, Respetar y Reparar las violaciones a los derechos humanos de la cual no se debe separar en la presente contienda constitucional.
Mtro Eduardo Villalobos Mancilla

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