VICIOS EN LA MERCANCÍA O EN EL SERVICIO MATERIA DE UN CONTRATO

En ACTOS MERCANTILES cuando existen vicios o defectos en la mercancía, incluso la adquirida vía internet, es necesaria LA COMUNICACIÓN DE LAS PARTES respecto de esos vicios o defectos; en caso de que el conflicto llegue a juicio, se debe acreditar ambas partes estén enteradas de ello, a efecto de reponerla o corregirlo, en su defecto demandar lo conducente; los correos electrónicos (mails) impresos, que no provengan de una “firma electrónica avanzada” no sirven para acreditar esa comunicación, si una de las partes niega haberlo enviado o recibido…
Así quedó asentado en el siguiente criterio que se publicó este 11 de julio de 2014 en el Semanario Judicial de la Federación.
VICIOS EN LA MERCANCÍA O EN EL SERVICIO MATERIA DE UN CONTRATO. ES NECESARIA LA COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES PARA SU CORRECCIÓN O REPOSICIÓN (ARTÍCULO 383 DEL CÓDIGO DE COMERCIO). Toda transacción mercantil se encuentra basada en los principios de autonomía de las partes, buena fe y la teoría de los actos propios; sin embargo, entre los principios que busca privilegiar el artículo 383 del Código de Comercio se encuentran el de la conservación de los contratos, la comunicación entre las partes y la expeditez, con el objeto de que a través del medio idóneo de contacto, se logre entre las partes del contrato el conocimiento de los vicios de la mercancía o servicio materia del mismo, a efecto de reponerla o corregirlo y, con ello, privilegiar el tráfico mercantil entre los comerciantes, como oportunidad para la autocomposición; comunicación que, en todo caso, constituirá la prueba de la inconformidad ante tales vicios, en el procedimiento judicial.
IUS número de registro 2 007 049
Criterio que va en colación con el siguiente que reza:
DOCUMENTOS Y CORREOS ELECTRÓNICOS. SU VALORACIÓN EN MATERIA MERCANTIL. La doctrina explica que en la época contemporánea cuando se habla de prueba documental no se puede pensar sólo en papel u otro soporte que refleje escritos perceptibles a simple vista, sin ayuda de medios técnicos; se debe incluir también a los documentos multimedia, es decir, los soportes que permiten ver estos documentos en una computadora, un teléfono móvil, una cámara fotográfica, etcétera. En varios sistemas jurídicos se han equiparado totalmente los documentos multimedia o informáticos, a efectos de valoración. Esa equivalencia es, básicamente, con los privados, y su admisión y valoración se sujeta a requisitos, sobre todo técnicos, como la firma electrónica, debido a los problemas de fiabilidad de tales documentos, incluyendo los correos electrónicos, ya que es posible falsificarlos e interceptarlos, lo cual exige cautela en su ponderación, pero sin desestimarlos sólo por esa factibilidad. Para evitar una pericial en informática que demuestre la fiabilidad del documento electrónico, pero complique su ágil recepción procesal, el juzgador puede consultar los datos técnicos reveladores de alguna modificación señalados en el documento, aunque de no existir éstos, atenderá a la posibilidad de alteración y acudirá a la experticia, pues el documento electrónico puede quedar en la memoria RAM o en el disco duro, y podrán expedirse copias, por lo que para comprobar el original deberán exhibirse documentos asistidos de peritos para su lectura. Así es, dado que la impresión de un documento electrónico sólo es una copia de su original. Mayor confiabilidad merece el documento que tiene firma electrónica, aunque entre esa clase de firmas existe una gradación de la más sencilla a la que posee mayores garantías técnicas, e igual escala sigue su fiabilidad, ergo, su valor probatorio. Así, la firma electrónica avanzada prevalece frente a la firma electrónica simple, ya que los requisitos de producción de la primera la dotan de más seguridad que la segunda, y derivan de la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre las Firmas Electrónicas. Esta propuesta de normatividad, al igual que la diversa Ley Modelo sobre Comercio Electrónico, fue adoptada en el Código de Comercio, el cual sigue el criterio de equivalencia funcional que busca equiparar los documentos electrónicos a los tradicionales elaborados en soporte de papel, mediante la satisfacción de requisitos que giran en torno a la fiabilidad y trascienden a la fuerza probatoria de los mensajes de datos. Por ende, conforme a la interpretación de los artículos 89 a 94, 97 y 1298-A del Código de Comercio, en caso de que los documentos electrónicos reúnan los requisitos de fiabilidad legalmente previstos, incluyendo la existencia de una firma electrónica avanzada, podrá aplicarse el criterio de equivalente funcional con los documentos que tienen soporte de papel, de manera que su valor probatorio será equivalente al de estos últimos. EN CASO DE CARECER DE ESA FIRMA Y HABERSE OBJETADO SU AUTENTICIDAD, NO PODRÁ CONCEDÉRSELES DICHO VALOR SIMILAR, aunque su estimación como prueba irá en aumento si en el contenido de los documentos electrónicos se encuentran elementos técnicos bastantes, a juicio del juzgador, para estimar altamente probable su autenticidad e inalterabilidad, o bien se complementan con otras probanzas, como la pericial en informática que evidencie tal fiabilidad. Por el contrario, decrecerá su valor probatorio a la calidad indiciaria si se trata de una impresión en papel del documento electrónico, que como copia del original recibirá el tratamiento procesal de esa clase de documentos simples, y se valorará en conjunto con las restantes pruebas aportadas al juicio para, en función de las circunstancias específicas, determinar su alcance demostrativo.
IUS número de registro 2002142

407b7882-4f95-4ef1-b53b-e9529c74198e

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